En la “Declaración de Caracas”, los Estados Miembros subrayaron la función decisiva que desempeñaban las Naciones Unidas para promover la cooperación internacional y la elaboración de normas y directrices en el ámbito de la política penal. Se pedía también a los Estados Miembros que garantizaran que los responsables del funcionamiento del sistema de administración de justicia penal estuvieran debidamente calificados para el desempeño de sus labores y que las llevaran a cabo con independencia, sin tener en cuenta intereses personales o de grupo. Además, el Congreso recomendó que se estableciera un instituto regional en África.
