El Congreso asignó alta prioridad a la cooperación técnica y los servicios de asesoramiento que prestaban las Naciones Unidas para ayudar a los Estados Miembros a cumplir los objetivos de prevenir la delincuencia en el interior de cada Estado y la que traspasara sus fronteras, así como a mejorar la reacción ante ella. Entre las medidas de asistencia recomendadas figuraban programas de capacitación, estudios sobre el terreno e investigaciones orientadas a la acción en los planos regional, subregional, nacional y local.
En 1995, la red de institutos del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal acogió con beneplácito la incorporación del Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Centro Internacional de Reforma del Derecho Penal y de Política de la Justicia Penal de Vancouver (Canadá). Los miembros de la red de institutos del Programa realizan investigaciones, difunden información e imparten capacitación y asistencia técnica.
