La delincuencia representa una importante amenaza para la estabilidad social y económica, socava el desarrollo y corroe la confianza pública en las instituciones. La naturaleza de la actividad delictiva evoluciona a un ritmo acelerado y crece en complejidad y alcance transnacional; asimismo, aparecen nuevas formas de delincuencia, tanto en el mundo digital como en el físico. Cada vez cobran más protagonismo los delitos que afectan al medio ambiente, debilitan la resiliencia del planeta, amenazan de extinción a las especies, contaminan los recursos naturales y socavan el estado de derecho y el desarrollo sostenible.
El impacto de la delincuencia en las sociedades y las economías es inmenso: perturba la cohesión social, desalienta la inversión y desvía recursos de los servicios públicos esenciales.
La prevención eficaz del delito puede responder a la amenaza de las actividades delictivas y reforzar la resiliencia de las comunidades vulnerables.
Existe un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de que se adopten estrategias de prevención del delito coordinadas, basadas en pruebas e innovadoras, que incluyan a diversos sectores de la sociedad.
La Declaración de Kioto subraya la importancia que tienen las alianzas amplias en las que participan diversos agentes, como los gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, para prevenir la delincuencia y defender el estado de derecho.
Un ejemplo de ello es la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, aprobada por la Asamblea General en 2024, en que se señalan una gran variedad de medidas preventivas, entre ellas, el fortalecimiento de la cooperación entre organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras entidades y la promoción de la conciencia pública mediante la educación y la alfabetización mediática.
Cuando se descuidan problemas como la pobreza, el desempleo, la gobernanza deficiente, el acceso limitado a la justicia y la exclusión social, se crea un terreno fértil para que la delincuencia organizada se arraigue y se expanda. Las comunidades marginadas con escasas oportunidades económicas y poca confianza en las instituciones corren un mayor riesgo de explotación criminal y reclutamiento.
Comprender estos complejos factores interrelacionados que promueven conductas delictivas, es vital para una prevención eficaz del delito.
Los jóvenes que viven en zonas donde predomina la violencia y escasean las oportunidades son especialmente vulnerables a ser reclutados por grupos delictivos. En muchas regiones, las bandas y los grupos delictivos organizados explotan las desventajas sociales y económicas, y ofrecen a los jóvenes ingresos y una sensación de protección y pertenencia.
Las experiencias de la primera infancia, como la exposición a la violencia, la crianza inadecuada o el abandono, pueden tener efectos duraderos en el comportamiento. El abuso de sustancias y las enfermedades mentales no tratadas pueden hacer que una persona sea más vulnerable, tanto para convertirse en víctima como para convertirse en delincuente. Reforzar los sistemas de apoyo familiar y proporcionar servicios de salud mental accesibles son, por tanto, partes integrantes de una prevención eficaz de la delincuencia.
La vulnerabilidad de una persona a la delincuencia puede verse influida por factores como su edad, sexo, etnia y situación de discapacidad. Por ejemplo, las personas mayores y las que tienen necesidades especiales son particularmente vulnerables a los delitos relacionados con la tecnología y el fraude financiero. Las medidas de protección deben adaptarse a las necesidades específicas de cada persona.
El Pacto de las Naciones Unidas para el Futuro insta a los gobiernos a aprovechar las oportunidades que ofrecen la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio tanto de las personas como del planeta. El creciente uso de enfoques basados en datos para la prevención de la delincuencia se ajusta a esta visión y muestra cómo la innovación puede apoyar estrategias de seguridad pública más eficaces y basadas en pruebas. De hecho, los avances en el análisis de datos, la inteligencia artificial y los sistemas de datos en tiempo real están transformando rápidamente la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones públicas.
Mediante el análisis de las estadísticas del delito, los patrones demográficos y geográficos y los indicadores sociales más amplios, como las tasas de desempleo y los niveles de educación, los gobiernos pueden seguir las tendencias, asignar recursos a las comunidades más necesitadas y evaluar el impacto de las políticas de prevención del delito.
El uso innovador de las herramientas digitales puede crear comunidades más seguras y comprometidas. Sin embargo, es esencial garantizar su uso responsable y ético, con sólidas salvaguardias para proteger la privacidad.
Los sistemas de inteligencia artificial entrenados con datos sesgados o incompletos podrían perpetuar la discriminación y la desigualdad, socavando las instituciones a las que deben apoyar para prevenir el delito u ofrecer un mejor acceso a la justicia.
Para abordar el delito de forma holística y sostenible, es esencial incluir a un amplio espectro de partes interesadas, como los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los servicios sociales, las instituciones educativas y de investigación, los profesionales de la salud pública, los planificadores urbanos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos dirigidos por jóvenes o centrados en ellos. Cada una de esas partes interesadas aporta experiencia, perspectivas y conexiones con la comunidad que son únicas.
La cooperación internacional y transfronteriza también es fundamental. Los países pueden beneficiarse considerablemente con el intercambio de buenas prácticas sobre la prevención del delito a escala nacional y local, así como con las lecciones aprendidas de la aplicación de estrategias de prevención.
Las intervenciones tempranas adaptadas a las necesidades específicas de niños y jóvenes desempeñan un papel crucial en la prevención de la violencia y la conducta delictiva.
En 20 distritos policiales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, las Unidades de Reducción de la Violencia (VRU) trabajan para reducir la violencia grave mediante intervenciones tempranas, abordando las causas subyacentes de la violencia juvenil a través de la realización de actividades coordinadas con diferentes asociados[1]. Este modelo proactivo y preventivo de seguridad pública ha dado resultados alentadores.
Los programas de empleo y formación profesional, otro ámbito de intervención prometedor, están orientados a reducir la conducta criminal y violenta de las personas de alto riesgo. En Chicago, la Iniciativa de Empleo y Desarrollo Rápidos está dirigida a hombres que corren un alto riesgo de verse envueltos en actos de violencia armada[2]. En el marco de esa iniciativa, se les proporcionó un empleo durante 18 meses, en combinación con una terapia cognitivo-conductual y otras medidas de apoyo social. Se redujo en un 65 % la probabilidad de que los participantes fueran detenidos por tiroteos u homicidios en comparación con los hombres que integraban un grupo de control asignado al azar.
La prevención comunitaria desempeña un papel fundamental en la promoción de la seguridad pública, la cohesión social y el desarrollo a largo plazo. Las iniciativas en las que participan la sociedad civil, los grupos de mujeres, los jóvenes, las familias y las organizaciones populares pueden fomentar la confianza y la resiliencia en las zonas de riesgo y empoderar a las comunidades locales.
Una notable iniciativa regional para la prevención comunitaria del delito y la violencia es la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, que está integrada por 22 países miembros y recibe el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo[3]. Su objetivo es revertir los altos niveles de violencia, mitigando los factores de riesgo relacionados con la violencia criminal perpetrada por grupos organizados, como el reclutamiento de jóvenes, y proteger a las comunidades vulnerables de sus efectos.
La UNODC asiste a los Estados Miembros, en el ámbito de la prevención del delito, con iniciativas comunitarias y juveniles centradas en las personas en situaciones de vulnerabilidad. Solo en 2024, se alcanzó a más de 2.500 partes interesadas en la prevención del delito y la justicia penal en más de 20 países.
Los esfuerzos para reducir y prevenir la reincidencia son una parte fundamental de la prevención eficaz del delito. El informe de investigación de UNODC Prison Matters, basado en estudios de campo realizados en Albania, Australia, Chequia, Namibia y Tailandia entre 2019 y 2025, muestra la importancia que tiene preparar a los reclusos para su puesta en libertad y apoyarlos después para asegurar buenos resultados en su reinserción social.
Se reconoce ampliamente que la formación profesional y las oportunidades de trabajo en prisión constituyen componentes importantes de las estrategias de rehabilitación y reinserción. En Chequia, el proyecto RUBIKON ayuda a los presos a desarrollar habilidades y prepararse para la vida que llevarán tras su puesta en libertad[4]. Funciona como una agencia de empleo sin ánimo de lucro, que ofrece servicios de colocación y colabora con empleadores para aumentar para las personas con antecedentes penales sus posibilidades de conseguir empleo. El proyecto, que vincula el sector comercial, el sector de organizaciones sin fines de lucro y el Estado, recibió el Premio Europeo de Prevención del Delito en 2024.
Los altos índices de violencia y delito constituyen una carga importante para las sociedades y el desarrollo económico. En América Latina, el costo directo de la delincuencia y la violencia alcanzaron el 3,44 % del producto interno bruto (PIB) de la región en 2022, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[5].
Sin embargo, la financiación y los recursos para la prevención del delito son aspectos de las estrategias de seguridad pública que no se suelen priorizar. Demostrar el rendimiento mensurable de la inversión en estrategias de prevención puede resultar difícil, lo que puede obstaculizar tanto el apoyo político como el compromiso financiero.
Las sociedades, si no invierten suficientemente en la prevención del delito, afrontan costos considerables. Más allá de la carga financiera que soportan el sistema de justicia penal, los servicios de apoyo a las víctimas y la atención de la salud, se producen repercusiones más amplias, como la pérdida de ingresos, la disminución de la productividad, la reducción del nivel de instrucción, el aumento de las desigualdades sociales y la merma de la confianza de los inversores en las zonas con altos índices de criminalidad.
Las estrategias de prevención del delito que se centran en la comunidad, que son integradoras e innovadoras y que se basan en pruebas pueden ayudar a mitigar estos efectos y apoyar un desarrollo social, económico y ambiental más amplio.
[1] Ministerio del Interior, Reino Unido, Research and analysis Violence Reduction Units year ending March 2024 evaluation report (Actualizado el 19 de junio de 2025).
[2] Bhatt, M. P., Heller, S. B., Kapustin, M., Bertrand, M., & Blattman, C. (2024). Predicción y prevención de la violencia armada: Una evaluación experimental de READI Chicago. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 139, núm. 1.
[5] Perez-Vincent, S. M., Puebla, D., Alvarado, N., Mejía, L. F., Cadena, X., Higuera, S., y Niño, J. D. (2024), Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe.
