Situar a las personas en el centro del sistema de justicia penal refuerza el estado de derecho, protege mejor los derechos de todas las personas y genera confianza. Al ser más receptivos y eficaces, los sistemas de justicia penal centrados en las personas fomentan la integridad y contribuyen a que se obtengan resultados ecuánimes y una sociedad justa.
Si las personas y las comunidades no pueden resolver sus agravios y problemas a través del sistema judicial, aumenta el riesgo de inestabilidad política y conflictos violentos que podrían revertir los avances que se hubieran producido en materia de desarrollo social y económico.
Se calcula que 1.500 millones de personas en todo el mundo no pueden contar con que la ley las proteja de la violencia y el delito, defienda sus derechos o resuelva conflictos pacíficamente[1].
La continua erosión de la confianza institucional supone un obstáculo importante para los enfoques centrados en las personas, que dependen de la confianza pública y de una activa implicación comunitaria. La percepción que tienen las personas de la justicia, la eficacia y la legitimidad puede verse influida por su contacto con el sistema de justicia penal. Las personas y las comunidades pueden sentirse menos inclinadas a denunciar delitos, acceder a protección jurídica y procurar obtener reparación y justicia si no confían en las instituciones o si los retrasos y demoras del sistema limitan el acceso rápido a la justicia.
La mejora del acceso a la justicia y la satisfacción de las necesidades de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situación de vulnerabilidad también son importantes para los sistemas de justicia penal de todas las regiones.
Con más de 11 millones de personas en las cárceles de todo el mundo, de las cuales más de 3 millones se encuentran en prisión preventiva, las prisiones están superpobladas en el 60 % de los países del mundo[2]. La rehabilitación y la reinserción social efectivas de los delincuentes siguen siendo esenciales para que exista una justicia centrada en las personas, aunque los avances que se han producido son limitados. Si bien las mujeres constituyen una minoría de la población penitenciaria mundial (alrededor del 7 %), el número de mujeres y niñas en prisión en todo el mundo ha aumentado considerablemente[3].
Otro problema cada vez más acuciante para los sistemas de justicia penal es la salud mental. Los presos adultos o los niños en el sistema de justicia juvenil tienen más probabilidades de experimentar problemas de salud mental que la población general, según un reciente Informe mundial sobre la salud mental[4]. En muchos países, las personas con problemas de salud mental suelen ser encarceladas incluso por delitos menores, en lugar de recibir la atención de salud mental que necesitan.
El aumento de la violencia contra las personas mayores exige que los sistemas de justicia penal ofrezcan servicios accesibles y adecuados, que incluyan medidas específicas de prevención, atención y apoyo, para mitigar los riesgos y satisfacer las necesidades de las personas mayores.
La corrupción socava el estado de derecho y la confianza pública, lo que afecta al funcionamiento de un sistema de justicia penal centrado en las personas. Esto se manifiesta en la disminución de las denuncias de delitos, una menor capacidad de cumplimiento de la ley y la aplicación sesgada o injusta de la justicia.
La falta de definiciones jurídicas y penas claras para los delitos que afectan al medio ambiente, las cuestiones jurisdiccionales transnacionales, una menor capacidad forense y de investigación y la falta de equipos especializados y personal capacitado son solo algunos de los obstáculos que afrontan los sistemas de justicia penal en este ámbito[5]. Los traslados de población y los desplazamientos inducidos por los desastres y los efectos del cambio climático pueden perturbar el funcionamiento eficaz de los sistemas de justicia penal y aumentar el riesgo de que las personas se conviertan en víctimas de delitos[6].
Los conflictos y las crisis afectan muy negativamente a los derechos y la protección que ofrece el sistema de justicia penal, pero también están influyendo en ellos otras tendencias interconectadas, como la urbanización y las desigualdades. La urbanización, cuando está mal planificada, puede dar lugar a mayores índices de delincuencia en tanto que la desigualdad de ingresos y de acceso a la educación y a los servicios de salud se ha asociado a niveles de homicidio más elevados.
Además, la actuación de los sistemas de justicia penal es menor si se cuenta con pocos recursos y persisten deficiencias en la capacidad. En la mayoría de los países europeos, la proporción del presupuesto que se asigna a la justicia sigue siendo baja en comparación con otras áreas del gasto público[7], y la tendencia en los países de América Latina y el Caribe es similar[8].
Se han producido avances a escala mundial y nacional para abordar algunos de estos retos. De hecho, varios países han aplicado en sus sistemas de justicia penal reformas centradas en las personas que son sostenibles y eficaces en función de los costos y que se basan en normas mundiales.
La UNODC ha apoyado a más de 130 Estados Miembros en la aplicación de prácticas prometedoras en diferentes instituciones de justicia penal. Por ejemplo, el Brasil mejoró el acceso a la justicia mediante una alianza entre el Laboratorio de Docencia e Investigación en Cognición y Justicia y la UNODC, para proporcionar formación dirigida a profesionales de la justicia penal en técnicas de entrevista de investigación, principios del juicio y la gestión de casos[9].
Los niños privados de libertad en el Iraq reciben mejor trato y sus condiciones han mejorado tras la remodelación de centros, el suministro de nuevos equipos de atención de la salud dental y la formación del personal que trabaja con la infancia[10].
Con el apoyo de la UNODC, la policía nigeriana mejoró su capacidad para tramitar denuncias y colaborar con instituciones de supervisión externas, además de sensibilizar a la población mediante actividades de divulgación, lo que se tradujo en un aumento de las denuncias de mala conducta por parte de los ciudadanos, incluidas las mujeres[11].
En algunos países y regiones han tenido éxito los esfuerzos encaminados a reducir la acumulación de casos pendientes y las demoras en las actuaciones de justicia penal. Por ejemplo, en el Pakistán, existe un nuevo sistema digital para la asignación y gestión de casos destinado a agilizar el seguimiento de los asuntos[12]. En el Caribe[13] y en Kenya[14], las reformas han ayudado a resolver los cuellos de botella y los casos atrasados.
Reforzar la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas es crucial para los sistemas de justicia penal centrados en las personas. La Red Mundial de Integridad Judicial permite a los jueces y judicaturas de todas partes del mundo intercambiar conocimientos, recursos y soluciones prácticas a los desafíos éticos, como el uso por los jueces de las redes sociales y el empleo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la administración de justicia.
Aunque los avances tecnológicos pueden mejorar la accesibilidad y la capacidad de respuesta de los sistemas de justicia penal, es necesario adoptar salvaguardias contra la parcialidad y la discriminación a fin de proteger la privacidad y la seguridad de los datos y adoptar medidas para reducir la brecha digital y la disparidad de capacidad en el empleo de esas tecnologías.
La revisión de los casos, que involucra a una serie de partes interesadas y amplía la participación para incluir a familiares, amigos y compañeros de trabajo, puede fortalecer la labor de rendición de cuentas y prevención, particularmente en relación con los homicidios de mujeres y niñas por razón de género.
Existe una tendencia cada vez más marcada de dar a las víctimas y los sobrevivientes una participación más significativa en la formulación de las políticas y las respuestas de la justicia penal frente a los delitos violentos. Los puntos de vista de esas personas pueden ayudar a reformar los mecanismos existentes, pero también a diseñar y colaborar en la creación de procesos de justicia penal más receptivos e inclusivos.
El primer Foro Mundial de Sobrevivientes de la Trata de Personas de la UNODC, celebrado en 2025, y su consiguiente “Llamado a la Acción”, han mejorado la identificación y protección de las víctimas y fomentado el liderazgo de los sobrevivientes en la prevención, la protección y la persecución penal.
En Colombia, las personas y las comunidades afectadas participaron en un proceso de reforma legislativa que derivó en la aprobación de la Ley 2292 de 2023, según la cual las mujeres cabeza de familia pueden obtener, como medida sustitutiva de la pena de prisión, la realización de trabajos comunitarios no remunerados, una medida con la que se reduce el hacinamiento y se ajusta la imposición de la pena a las normas internacionales[15].
Un número cada vez mayor de iniciativas promueven una participación significativa de las personas que han pasado por la experiencia del encarcelamiento. La participación activa de los reclusos como partes interesadas es fundamental para diseñar políticas de reintegración eficaces y sostenibles.
[1] A/75/982, párr. 23.
[2] UNODC, Prison Matters 2025.
[3] World Prison Brief, World Female Imprisonment List 6ª ed. (2025).
[4] Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la salud mental: Transformar la salud mental para todos (2022), pág. 255 y ss
[5] E/CN.15/2025/7, párrs. 12 a 15.
[6] Véase, por ejemplo, el informe del Panel de Alto Nivel del Secretario General sobre los Desplazamientos Internos.
[7] Consejo de Europa, European judicial systems – CEPEJ Evaluation report – 2024 Evaluation cycle.
[8] BID, Los costos del crimen y la violencia (2024).
[9] E/CN.15/2025/10, párr. 10.
[10] Ibid., párr. 33.
[14] www.unodc.org/documents/easternafrica//Criminal%20Justice/PLEAD_2_At_a_Glance_ Nov_2022.pdf.
[15] Colombia, Ley 2292 de 2023. Véase también Penal Reform International, “Bangkok Rules map”, 23 de mayo de 2024.
