La delincuencia organizada transnacional cambia constantemente, a veces tan rápido como las nuevas tecnologías y a menudo va un paso por delante de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Ese tipo de delincuencia sigue socavando la estabilidad y la seguridad y obstaculizando los esfuerzos mundiales en favor de la paz y el desarrollo sostenible.
En la era digital, las redes delictivas están transformando su modus operandi al adoptar rápidamente nuevas tecnologías y métodos sofisticados. También existe una creciente interrelación entre la delincuencia organizada y otras actividades delictivas, como la corrupción y, en algunos casos, el terrorismo.
Existen varios instrumentos jurídicos para ayudar a contrarrestar esta amenaza, que son versátiles y proporcionan una base sólida para la cooperación internacional: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo y otros tratados pertinentes de las Naciones Unidas, como los tratados de fiscalización de drogas.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, recientemente aprobada, ofrece un marco más para la cooperación internacional. La Convención tipifica 11 formas de ciberdelincuencia y establece normas comunes para investigar y recoger, adquirir y conservar datos electrónicos, aplicando salvaguardias de derechos humanos y protegiendo los datos personales.
Los grupos delictivos organizados ya se aprovechan de una amplia gama de tecnologías, como los sistemas de posicionamiento global (GPS), las comunicaciones cifradas y la web oscura, y las utilizan en una gran variedad de actividades delictivas.
La capacidad de automatización de la inteligencia artificial, en particular, está transformando la escala y la eficacia de las operaciones delictivas. Desde las campañas de phishing hasta la ejecución de ciberataques a gran escala, la inteligencia artificial permite a los delincuentes alcanzar a un mayor número de víctimas, ser más selectivos en su enfoque y ampliar su alcance global con menos recursos.
La creciente accesibilidad de la impresión 3D plantea riesgos de producción descentralizada de armas, lo que complica la detección y el control de las armas ilícitas. La posibilidad de que los sistemas aéreos no tripulados y los drones comerciales sean utilizados indebidamente y como armas constituye otra preocupación en materia de seguridad debido a la amplia disponibilidad de esas herramientas.
La delimitación que separaba a los terroristas y las redes de delincuencia organizada se está desdibujando en algunos casos, lo que genera amenazas híbridas. Esta convergencia plantea riesgos para la paz y la seguridad y constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible.
Las organizaciones terroristas establecen cada vez más vínculos operativos con grupos delictivos organizados transnacionales, y aprovechan su infraestructura logística, como las redes de contrabando y tráfico que ya se encuentran bien establecidas. Las rutas de contrabando utilizadas originalmente para mercancías ilícitas pueden emplearse también para transportar operativos, armas o materiales.
Un fenómeno especialmente preocupante es la aparición de lo que se denomina “delincuencia como servicio”, que permite a los terroristas adquirir fácilmente una serie de servicios delictivos, tanto en línea como fuera de línea.
Las plataformas digitales, aunque ofrecen importantes oportunidades de comunicación y conectividad, también pueden ser utilizadas indebidamente por terroristas que explotan los avances tecnológicos más rápidamente de lo que pueden adaptarse las respuestas legislativas y de aplicación de la ley. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede emplearse indebidamente para producir propaganda mediante el uso de la ultrafalsificación, automatizar la difusión de contenidos extremistas e incitar a la violencia. Los servicios de mensajería cifrada facilitan la planificación y coordinación encubiertas, mientras que las plataformas de los medios sociales se utilizan ampliamente para difundir propaganda terrorista. Las plataformas de juego, que a menudo se pasan por alto, se explotan cada vez más para la captación, la radicalización y la comunicación encubierta.
El fraude organizado, que incluye las estafas en línea, ha sido reconocido como uno de los delitos más frecuentes en todo el mundo y como una amenaza creciente en las regiones de Europa y de Asia y el Pacífico, en particular. Gracias a las tácticas cada vez más sofisticadas de las que se valen los autores que utilizan tecnologías digitales, el fraude organizado presenta múltiples desafíos y exige que se coopere a nivel internacional, interregional e interinstitucional.
Sin embargo, el fraude organizado no es un mero problema cibernético: se relaciona con el derecho económico y financiero, la fiscalidad y la corrupción, la lucha contra el blanqueo de dinero, la protección de los consumidores, la justicia penal, la privacidad de los datos y la gobernanza de la inteligencia artificial en contextos delictivos.
La trata de personas con fines de delincuencia forzada en estafas en línea es una forma emergente de explotación mediante la cual se obliga a las víctimas a cometer fraudes y estafas muy sofisticados, facilitados por la cibernética. Las primeras denuncias de trata de personas y reclutamiento engañoso para redes de ciberdelincuencia aparecieron en Asia Sudoriental en 2020 y desde entonces se han detectado en docenas de países, y generan beneficios ilícitos por valor de miles de millones de dólares[1].
El tráfico de bienes culturales priva a las comunidades de su identidad cultural y al mismo tiempo, constituye una importante fuente de ingresos tanto para los terroristas como para los grupos delictivos organizados. Estos grupos aprovechan las lagunas de la legislación, la debilidad de los controles fronterizos y las vulnerabilidades institucionales, a menudo exacerbadas por los conflictos armados, lo que conduce al blanqueo de artefactos a través de los mercados lícitos. El uso de los beneficios obtenidos del comercio de antigüedades para financiar organizaciones terroristas e insurgentes está bien documentado, especialmente en países de Oriente Medio que han visto agotados casi totalmente algunos de sus yacimientos arqueológicos.
La UNODC, en estrecha cooperación con otras partes interesadas, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), entre otros, han seguido ofreciendo formación y apoyo a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para reforzar las competencias de investigación relacionadas con el tráfico de bienes culturales.
La escala y la complejidad de los delitos que afectan al medio ambiente están amenazando la biodiversidad, acelerando los efectos del cambio climático, socavando el estado de derecho y afectando de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables e indígenas.
Hay una amplia variedad de actividades ilegales que afectan al medio ambiente, como la tala y la minería ilegales, los delitos en el sector pesquero, la deforestación, el tráfico de fauna salvaje, la contaminación y el tráfico de desechos peligrosos. Estas actividades a menudo se entrecruzan con otras formas de delincuencia organizada transnacional, como la corrupción, el blanqueo de dinero y la trata de seres humanos.
Es necesario reforzar los marcos jurídicos, tratar esas actividades como delitos graves, aumentar las penas e integrar la protección del medio ambiente en estrategias más amplias de prevención del delito y justicia. La falta de datos fiables en todas las regiones sigue siendo un impedimento; estos delitos no suelen denunciarse y rara vez se registran en las estadísticas nacionales.
El Informe mundial sobre las drogas 2025 confirmó que el tráfico de drogas seguía constituyendo la principal fuente de ingresos generados por los grupos delictivos organizados. Los mercados de las drogas sintéticas siguieron creciendo en todo el mundo. Las incautaciones de estimulantes de tipo anfetamínico alcanzaron un nuevo récord en 2023, con predominio de la metanfetamina, cuyos mayores mercados se encontraban en Asia Oriental y Sudoriental y América del Norte. El “captagon”, un producto fabricado ilícitamente que contiene anfetamina, sigue planteando retos en el Cercano Oriente y Oriente Medio. Los opioides sintéticos ocuparon el segundo lugar en importancia a nivel mundial entre los grupos de drogas sintéticas incautadas en 2023, mientras que el uso no médico de opioides farmacéuticos sigue alimentando las muertes por sobredosis en varias regiones. En el informe también se destacó la creciente complejidad del mercado mundial de la cocaína, que ha registrado niveles de producción récord, una diversificación de las rutas de tráfico y un número cada vez mayor de países que notifican de incautaciones.
Los activos virtuales como las criptomonedas y las tecnologías de cadena de bloques permiten el movimiento transfronterizo de fondos con una supervisión limitada, lo que complica los esfuerzos mundiales para rastrear y desbaratar los flujos financieros ilícitos. Los terroristas han diversificado sus modelos de financiación mediante el uso de criptomonedas y de mercados en la web oscura.
El uso de la inteligencia artificial para apoyar las investigaciones financieras del blanqueo de dinero puede resultar especialmente beneficioso para analizar grandes cantidades de datos.
Las pruebas electrónicas siguen desempeñando un papel fundamental en la identificación de los autores, el descubrimiento de redes y la demostración de la intencionalidad en las investigaciones y procesos penales. Sin embargo, existen obstáculos para obtener pruebas electrónicas de otras jurisdicciones o de servidores basados en la nube; algunos de esos obstáculos son, por ejemplo, la diversidad de marcos jurídicos existentes y la necesidad de que se proporcionen respuestas rápidas en razón de la volatilidad de las pruebas. La colaboración eficaz entre los proveedores de servicios de comunicación y los organismos encargados de la aplicación de la ley es esencial para evitar que las pruebas digitales se destruyan, se modifiquen o se vuelvan inaccesibles debido a los cambios tecnológicos.
Las redes terroristas y delictivas recurren cada vez más a sofisticados métodos de comunicación digital, como aplicaciones de mensajería cifrada, redes privadas virtuales y herramientas de anonimización. Aunque estas tecnologías tienen fines legítimos de privacidad y seguridad, su uso indebido por parte de delincuentes crea obstáculos adicionales en relación con el acceso legítimo durante las investigaciones.
A través de la Iniciativa Mundial sobre Tratamiento Transfronterizo de las Pruebas Electrónicas, la UNODC ha impartido formación específica para reforzar los conocimientos técnicos en los países y ha elaborado orientaciones técnicas adaptadas a distintos casos.
[1] Véase UNODC, Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape (2024), pág. 43; Global Report on Trafficking in Persons 2024, pág. 95.
