La naturaleza cambiante de formas graves de delincuencia que trascienden fácilmente las fronteras nacionales, como la corrupción, la delincuencia organizada, el terrorismo y la ciberdelincuencia, subraya la importancia de la cooperación y las alianzas como componentes fundamentales de la prevención del delito y la justicia penal.
Los Estados Miembros necesitan colaborar para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia, reducir la violencia e impartir justicia en un mundo interconectado que cambia rápidamente, experimenta avances tecnológicos y enfrenta múltiples crisis.
Una de las dificultades que afronta cualquier sistema de justicia penal es cómo alcanzar un equilibrio entre la necesidad de proteger a la sociedad de los delitos y hacer que rindan cuentas quienes los cometen, garantizando al mismo tiempo su rehabilitación y reinserción social, y tener en cuenta las necesidades de las víctimas en cuanto a justicia, dignidad y reparación.
Muchos sistemas de justicia penal en todo el mundo soportan una pesada carga de trabajo al tener que procesar un gran número de casos con recursos financieros y humanos insuficientes. Esto puede dar lugar a problemas sistemáticos en el sistema de justicia, por ejemplo, altos niveles de impunidad, retrasos en la administración de justicia o dificultades de acceso a la justicia. Los períodos excesivamente largos de detención preventiva, la escasez de opciones en lo que respecta a la imposición de penas —por ejemplo, las medidas no privativas de libertad—, y los altos índices de reincidencia son otros indicadores de la presión que se ejerce sobre las instituciones judiciales. En numerosos países del mundo, los sistemas penitenciarios en los que hay condiciones de hacinamiento no pueden cumplir su función de rehabilitación.
El auge de los delitos facilitados por la cibernética es también un problema emergente. Se necesitan conocimientos técnicos, infraestructura digital y legislación actualizada para evitar que los sistemas se vean superados por los modus operandi cada vez más complejos que utilizan los (ciber)delincuentes y las redes delictivas conexas.
El intercambio de información y la colaboración entre la policía, las fiscalías, la judicatura, los servicios penitenciarios y los servicios de libertad condicional, así como los abogados y los proveedores de asistencia jurídica, pueden aumentar la eficiencia de los sistemas de justicia penal. Sin embargo, una mentalidad de silo o la falta de confianza pueden impedir que la colaboración sea más amplia.
Los diversos actores del sistema de justicia penal contribuyen colectivamente al estado de derecho, la transparencia y la confianza pública en el sistema judicial. Su labor es intrínsecamente interdependiente, por lo que las limitaciones en una parte del sistema pueden afectar a otra.
El creciente uso de sistemas electrónicos de gestión de la información puede mejorar la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas al agilizar los procesos, reducir los trámites y gestionar la acumulación de casos pendientes. Sin embargo, la digitalización y el uso de distintos sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones también pueden conducir a la fragmentación si no se gestionan debidamente.
El uso de herramientas de inteligencia artificial en los sistemas de justicia penal puede ofrecer oportunidades para mejorar la eficiencia, la transparencia y el acceso a la justicia, siempre que su aplicación se rija por principios comunes basados en las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y en las normas internacionales de derechos humanos, como la protección de la privacidad y la no discriminación.
La adopción de un enfoque holístico en lo que respecta a la delincuencia y sus causas hace necesaria la coordinación no solo entre las entidades de justicia penal, sino también con otros ministerios y entidades gubernamentales competentes encargados de la salud, el bienestar social, la vivienda, la educación, la formación profesional y el trabajo. Un enfoque pangubernamental relativo al estado de derecho puede mejorar considerablemente los resultados en materia de prevención del delito y justicia penal al abordar también los factores sociales, económicos y de salud asociados a la comisión de delitos y a la reincidencia.
Las Estrategias Modelo de las Naciones Unidas para Reducir la Reincidencia (Estrategias Modelo de Kioto), la adición más reciente a las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, tienen especialmente en cuenta las alianzas en que participan una variedad de actores que no pertenecen al sector de la justicia. Ello significa un reconocimiento de que la justicia penal se vincula estrechamente con los avances que han logrado los gobiernos dirigidos a abordar la pobreza, la marginación y la discriminación, los bajos niveles de educación y el desempleo, la salud mental y los trastornos por consumo de sustancias.
La colaboración también puede reforzar las respuestas de la justicia penal a las nuevas formas de delincuencia. La cooperación entre los ministerios de medio ambiente y los órganos de justicia, por ejemplo, ha ayudado a combinar los conocimientos técnicos con los de la justicia penal a la hora de investigar y perseguir delitos ambientales.
Las alianzas con ministerios de finanzas u organismos relacionados con las finanzas podrían contribuir a la detección de los flujos financieros ilícitos, el blanqueo de dinero, la ciberdelincuencia y la financiación del terrorismo y luchar contra ellos.
Sin embargo, esa colaboración gubernamental más amplia se ve a menudo obstaculizada por una falta de aceptación en razón de prioridades institucionales contrapuestas o de la rigidez de las asignaciones presupuestarias. Se necesita un fuerte liderazgo político para superar estos obstáculos.
La sociedad civil, el mundo académico, el sector privado y otras partes interesadas de la comunidad son asociados indispensables para hacer avanzar los sistemas de justicia penal centrados en las personas.
Además de realizar una labor de promoción, muchos grupos de la sociedad civil brindan una serie de servicios que complementan los servicios que presta el Estado y ayudan a extender el alcance de la justicia y los servicios sociales de apoyo, en particular en entornos de bajos recursos o afectados por conflictos. Entre esos servicios figuran la asistencia jurídica, el asesoramiento psicosocial, servicios sanitarios y otros servicios de apoyo a las víctimas o personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como los delincuentes en proceso de rehabilitación o de transición para reincorporarse a la sociedad.
Las universidades y los institutos de investigación generan datos empíricos y marcos teóricos que pueden ayudar a los profesionales de la justicia penal a comprender mejor las tendencias de la delincuencia y sus causas profundas, así como a evaluar la eficacia de sus intervenciones y las prácticas institucionales.
Al formar a profesionales actuales y futuros, como jueces, abogados, funcionarios de policía y prisiones, las instituciones académicas refuerzan el sistema de justicia penal.
El sector privado también tiene un papel que desempeñar, y puede aportar recursos y tecnología para apoyar soluciones de justicia penal innovadoras y alianzas público-privadas conexas. Inversores privados, mediante la utilización de bonos de impacto social, como parte de las estrategias de responsabilidad social empresarial, han financiado programas de prevención del delito y justicia penal y recibido rendimientos basados en resultados predefinidos[1].
Las empresas especializadas en tecnología pueden modernizar los procesos judiciales mediante soluciones de hardware y software.
Las instituciones financieras pueden reforzar la capacidad de la justicia penal para detectar el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude facilitado por la cibernética y los ataques de programas secuestradores, por ejemplo, compartiendo información de inteligencia a través de informes sobre actividades sospechosas o aplicando programas de localización y decomiso de activos.
Sigue siendo esencial que la cooperación con entidades privadas se rija por la transparencia, la rendición de cuentas y la primacía de los objetivos de la justicia pública, para evitar todo conflicto de intereses que sea real o se perciba como tal.
A medida que los grupos delictivos amplían su alcance y explotan las nuevas tecnologías, los delitos que cometen eluden cada vez más las respuestas que son puramente nacionales. La colaboración transfronteriza para combatir la delincuencia organizada transnacional sigue siendo esencial para asistir a las autoridades judiciales y las autoridades encargadas de la aplicación de la ley para que trabajen juntas de forma eficaz.
Los diversos tratados de las Naciones Unidas contra la droga, la delincuencia y la corrupción ofrecen a los Estados Partes una base jurídica para la cooperación judicial y policial en esferas como la extradición, la asistencia judicial recíproca, la recuperación de activos y las investigaciones conjuntas.
Sin embargo, persisten obstáculos a la cooperación internacional en lo concerniente a la recogida, el análisis y la puesta en común de pruebas electrónicas y digitales que exigen medidas oportunas y salvaguardias adecuadas.
Las tecnologías emergentes también ofrecen soluciones prometedoras, como el mantenimiento de registros basados en cadenas de bloques, que podrían hacer que la documentación relativa a las solicitudes de asistencia judicial recíproca fuera transparente y no pudiera manipularse.
Procurar que se refuerce la creación de capacidad y se armonicen los marcos jurídicos podría hacer más eficaz la cooperación transfronteriza en la era digital.
[1] En Nueva Gales del Sur (Australia) se utilizó un bono de impacto social para financiar programas dirigidos a devolver a sus familias a niños en régimen de acogida fuera del hogar y prevenir su futura implicación en la delincuencia. Inversores financiaron, mediante la utilización de un bono de impacto social similar en la prisión de Peterborough (Reino Unido), servicios de apoyo tras la puesta en libertad de los detenidos, con el objetivo de reducir la reincidencia. En ambos casos, los bonos de impacto social implicaban el reembolso al inversor cuando se superaban los criterios de evaluación predefinidos en comparación con los grupos de control nacionales.
